Publicado el 11 de septiembre de 2020 en Observatorio de la Democracia

En el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló poco o casi nada de derechos humanos. Y es que al parecer no había mucho que informar.

El tema se tocó en escasas dos o tres oraciones en el mensaje que se ofreció desde Palacio Nacional con motivo del informe y se abordó en unas cuantas páginas en el texto del informe que la Secretaria de Gobernación entregó al poder legislativo. En su mensaje el presidente adelantó que ninguna de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se refería a su periodo de gobierno y en el informe se confirma que, al 30 de junio de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no recibió recomendación alguna de organismos públicos de derechos humanos atribuibles a esta administración.

El informe aclara que las siete recomendaciones emitidas se refieren a hechos ocurridos en 2013, 2014, 2015 y 2018. Adicionalmente hace referencia a 388 quejas presentadas por la CNDH así como 30 medidas cautelares y 28 propuestas de conciliación, e informa que se logró formalizar la conclusión de 322 quejas, 63 propuestas de conciliación y ocho recomendaciones, algunas de las cuales estaban pendientes desde hace más de cinco años.

Más allá de eso, el texto solo hace referencia a una lista de informes que se elaboraron en cumplimiento con nuestros compromisos internacionales y a las acciones de capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Todo en una extensión total de tres páginas.

Cero recomendaciones por parte de la CNDH al gobierno federal solo puede querer decir dos cosas: 1) La actual administración federal se ha conducido en forma claramente aceptable en términos del respeto a los derechos humanos. Es decir, no ha habido incidentes o quejas que ameriten una investigación de violaciones graves de derechos humanos, ni quejas que ameriten una recomendación o, 2) la CNDH no está cumpliendo con su trabajo de atención a las víctimas y seguimiento a las autoridades para lograr la impartición de justicia, la reparación del daño y la prevención de futuras violaciones.

A la luz solamente de lo que nos dice el informe, tendríamos elementos para sólo sospechar lo segundo, pero se juntan más y más señales que apuntan en la dirección de que esos datos pueden estar relacionados con una CNDH leal al poder y desvinculada de la ciudadanía:

La primera e inevitable señal, desde luego, es la del amplio rechazo expresado en el legislativo y fuera de él, a la nominación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH precisamente por su clara cercanía con el presidente, autoridad principal a la que estaba llamada a vigilar; por su poca preparación para el cargo y por la falta de una legitimidad y credibilidad incuestionadas frente a la opinión pública.

La segunda, que hay cero recomendaciones de la CNDH al gobierno federal que estén relacionadas con esta gestión, pero, de las 388 quejas reportadas, al menos 32 fueron presentadas por presuntos abusos de la Guardia Nacional en su actuación en el 2019 (https://www.animalpolitico.com/2020/01/cndh-guardia-nacional-quejas-violaciones-derechos/). Con el próximo informe anual de la CNDH habremos de analizar cómo se resolvieron esas y otras quejas y tratar de entender bajo qué criterios se extienden o no recomendaciones en esta CNDH.

La tercera, que la CNDH parece haber perdido el bastión fundamental de su legitimidad y su poder: la credibilidad frente a la ciudadanía. Desde el día siguiente al informe, el 2 de septiembre, la sede de la CNDH en la Ciudad de México ha sido tomada por manifestantes representantes de colectivos de víctimas de mujeres en apoyo a la madre de una víctima que se negó a retirarse del edificio y se amarró a una silla hasta en tanto no se resolviera su queja.

Ante la negativa de las manifestantes de dialogar con la presidenta de la CNDH, la Secretaria de Gobernación intervino iniciando un dialogo con las manifestantes. Representantes del gobierno actuando como mediadores entre la ciudadanía y la Ombudsperson, aportan una señal inequívoca de que algo anda mal.

Finalmente, las declaraciones de la presidenta de la CNDH a los medios en el sentido de evaluar su gestión como buena porque todos los demás que llegan se van conformes, y decirse en espera de que las manifestantes expresen sus demandas con claridad como lo hacía ella cuando era activista, dan señales de pasividad o actuación solo reactiva.

La anterior CNDH ciertamente no hizo uso de todos los mecanismos a su disposición para enfrentar al poder político en tanto no llamó nunca a comparecer a ningún funcionario público ante el legislativo a pesar del alto número de incumplimientos a sus recomendaciones, ni hizo uso de llamados a la ciudadanía en su apoyo en la lucha por el respeto a los derechos humanos, pero lo que hoy vemos parece ir más allá de una CNDH temerosa y aún en proceso de consolidación de su poder frente al poder político. Lo que vemos hoy parece más cercano a un órgano leal o cooptado por el grupo gobernante que trabaja para su imagen y no por la defensa de los derechos humanos.