Publicado en Crónica el 15 de enero
Al preferir la desacreditación política antes que el cumplimiento de sus obligaciones legales, el gobierno del presidente Peña Nieto acrecienta los motivos del gobierno de Chihuahua para reclamar los recursos financieros que le han regateado. Un asunto que se podría haber resuelto en las oficinas de la Secretaría de Hacienda ahora crece y se convierte en ejemplo nacional de las dificultades que enfrenta la lucha contra la corrupción.
El 20 de diciembre pasado la Fiscalía General de Chihuahua, con la colaboración de la Policía Federal, detuvo al señor Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de desviar recursos durante el gobierno de César Duarte en beneficio del Partido Revolucionario Institucional.
Gutiérrez fue secretario general adjunto del PRI, ha sido senador y diputado federal y además es empresario. Un poco antes se dieron a conocer las declaraciones, ante la autoridad ministerial, del señor Jaime Herrera Corral, que fue secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Ese ex funcionario describió la triangulación de recursos por al menos 250 millones de pesos aparentemente destinados a empresas que resultaron ser solamente una fachada de esa operación ilegal y que habrían llegado al PRI. La Fiscalía de Chihuahua ha solicitado la extradición del ex gobernador Duarte quien se encuentra prófugo en Estados Unidos.
La insistencia del gobierno que encabeza Javier Corral Jurado para indagar los manejos financieros de Duarte y encarcelarlo por un peculado que se supone mayor a mil millones de pesos, ha inquietado a gobernantes y dirigentes priistas. La confesión de Herrera Corral ahora involucra al PRI y posiblemente a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal que, de acuerdo con esas declaraciones, tendría que haber conocido el destino de los recursos así robados a las finanzas de Chihuahua. Esas acusaciones comprometen al actual gobierno federal y al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.
Era de esperarse que gobierno y partido respondieran con dureza a tales imputaciones que, a final de cuentas, tendrán que resolverse en las instancias judiciales y no en mitines de campaña ni en columnas periodísticas. Pero en vez de ampararse en los cauces legales, la administración del presidente Peña Nieto reaccionó a las indagaciones en Chihuahua primero con una extorsión política y luego tratando de oscurecer ese asunto con varias cortinas de humo.
El lunes pasado, 8 de enero, el gobernador Javier Corral denunció que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, decidió retener 780 millones de pesos que el gobierno de Chihuahua debía haber recibido en 2017. La causa de esa decisión ha sido la indagación judicial por el desvío de recursos durante el anterior gobierno en Chihuahua.
La SHCP consideró que la investigación judicial pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos federales hacia el gobierno de Chihuahua. Si ese procedimiento es cuestionado entonces no podemos utilizarlo: eso les dijo el secretario González Anaya al gobernador Corral y varios funcionarios del gobierno de Chihuahua. Esa versión fue reiterada en una docena de ocasiones por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, en la conversación que sostuvo con la periodista Denise Maerker el mismo lunes 8 de enero en Radio Fórmula.
En realidad se trata de una extorsión apuntalada en un manejo faccioso de recursos públicos. Al gobierno y por lo tanto al pueblo de Chihuahua, el gobierno federal los castiga por las indagaciones acerca de la corrupción de Duarte y las derivaciones que esos hechos ilícitos pudieron alcanzar. La Fiscalía de Chihuahua no cuestionó el procedimiento para realizar las transferencias de la Federación al gobierno local. Lo que han denunciado es el destino de esos recursos públicos.
El argumento del secretario y el subsecretario de Hacienda que por defender “el instrumento” dijeron haber retenido los 780 millones de pesos que ya habían sido acordados con el gobierno de Chihuahua es tan insostenible que ellos mismos, y otros funcionarios, ofrecieron otras explicaciones en los siguientes días.
Durante la semana pasada se conocieron sucesivos cuan endebles pretextos para la retención del dinero de Chihuahua. No había “suficiencia presupuestaria” dijeron primero, aunque el gobierno de esa entidad ha explicado que esa aparente incapacidad financiera no perjudicó a otros estados.
El número de cuenta bancaria que les dieron estaba equivocado, dijo también la SHCP. De haber sido así, el argumento del “instrumento” y el pretexto de la “insuficiencia” serían puras mentiras y la transferencia se tendría que haber realizado tan sólo con verificar la cuenta bancaria.
El ejercicio 2017 ya se acabó y estamos en otro año para efectos presupuestarios, sostuvieron también los funcionarios de Hacienda como si la petición de Corral y su administración no hubiera sido presentada a tiempo. Más tarde se publicó que el gobierno de Chihuahua no ha explicado el destino de otras transferencias financieras. Pero si el gobierno federal tuviera reservas fundadas sobre el empleo del dinero fiscal en Chihuahua, dispone de recursos administrativos y legales para indagar y no sólo especular.
La retención de recursos para Chihuahua ha sido una represalia política para la cual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no tiene justificaciones legales. Así lo confirmó el propio titular del Ejecutivo Federal cuando reprochó, también el lunes 8, que la denuncia del gobernador Corral era “un acto político auténticamente cargado de signo partidario”. El presidente politizó más, de esa manera, un asunto que aparentemente desestimaba por considerarlo, precisamente, político. Pero esa no es mas que una argucia para esquivar el problema central: al gobierno de Chihuahua le regatean dinero por las denuncias que hace en contra de la corrupción de Duarte y sus socios.
A partir de esa postura de Peña Nieto los dirigentes y el candidato presidencial del PRI, así como algunos comentaristas y medios de comunicación, han sostenido un coro de impostados asombros ante la politización de un asunto que, por definición, es inevitablemente político.
Por supuesto son políticas la acusación del gobierno de Chihuahua, así como las adhesiones que ha recibido. La administración de Peña Nieto, y en primer lugar la Secretaría de Hacienda, le ofrecieron al gobernador Corral un motivo insoslayable para hacer una denuncia que tendría que ser, pues sí, política.
Pero antes que nada, la decisión para retener 780 millones de pesos (y luego otras cantidades, según reveló ayer en Chihuahua el gobernador Corral) fue, de manera irrefutable, una medida política. Esa es una manera suave de decirlo. En realidad se trató de un chantaje del gobierno federal apoyado en un manejo discrecional de recursos públicos. Cuando el secretario de Hacienda dice que la transferencia de ese dinero quedó cancelada debido a la investigación judicial sobre los manejos financieros de la anterior administración en Chihuahua (y de allí el subterfugio del “instrumento”) resulta claro que esa no fue una decisión técnica, ni administrativa. Fue una medida política.
Luego, a los reclamos del gobierno de Chihuahua el gobierno federal y el PRI replicaron con argumentos también políticos porque eso son, aunque resultan de una lamentable pobreza política y argumental, las descalificaciones que han propalado contra Javier Corral.
En Chihuahua, recuerdan algunos comentaristas, la violencia se ha incrementado. Así es y resulta gravísimo. Pero las nuevas agresiones del crimen organizado en esa entidad e incluso, si la hubiera, la inhabilidad del actual gobernador para enfrentar a los criminales, no lo desautorizan para indagar las tropelías de Duarte ni para exigir cumplimiento a los compromisos financieros del gobierno federal. Al contrario, precisamente porque está en una situación difícil Chihuahua requiere de todos los recursos a los que tiene derecho. Y la justicia debe castigar a todos los que cometen ilegalidades, lo mismo los capos del narcotráfico que los ex funcionarios que robaron o desviaron dinero público.
Los esfuerzos para quitarle importancia a las denuncias del gobierno de Corral han subrayado la versión de que el ex dirigente priista Alejandro Gutiérrez, preso en Chihuahua, fue sometido a tortura. Se trata de una acusación gravísima. Hasta ahora esa acusación únicamente la ha sostenido el abogado de Gutiérrez en declaraciones en medios pero no con una denuncia formal. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que Gutiérrez no ha padecido malos tratos. Sin embargo José Antonio Meade, en un mitin en Querétaro, se refirió a Javier Corral como “un gobernador que tortura”.
Esa imputación sin evidencias ni respaldo documental alguno que hizo el candidato presidencial del PRI confirmó el desasosiego que las indagaciones en Chihuahua suscitan en ese partido y en el gobierno federal. El diferendo crece debido a la inhabilidad del presidente de la República y de quienes le aconsejan en este caso. Ayer, en un mitin en la capital del estado, el gobernador Corral anunció una marcha desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México y una campaña en Estados Unidos para buscar la extradición de César Duarte.
Pues sí, todo eso es política. En este caso estamos ante decisiones del gobierno federal que afectan derechos de una entidad y que, en la práctica, protegen al anterior gobierno de Chihuahua contra el que hay fundadas acusaciones de corrupción. Es un asunto político, reconozcámoslo por enésima vez. Pero antes que nada de legalidad y dignidad.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
