La libertad académica en entredicho

Comenzaría diciendo que llevamos ya varias décadas no solo en México, sino también en otras partes del mundo en reclamar el derecho a la ciencia, como se hizo en un manifiesto firmado por científicos españoles en 1980 (El País), cito “(…) Los científicos reclamamos nuestro derecho y asumimos la responsabilidad de hacer una ciencia mejor y más útil para el país y pedimos a los administradores del Estado que asuman la suya de facilitar los medios adecuados para el desarrollo de nuestra investigación¨ y que ha sido ratificado en varias ocasiones por organismos internacionales como la UNESCO. Ello, sobre todo porque la ciencia lleva ya varias décadas bajo presión y en nuestro país se ha agudizado en los últimos años. Ignorando en gran medida que la ciencia se ha convertido en una parte esencial de nuestra sociedad, sin cuya contribución no es posible mantener y mejorar los niveles de bienestar y progreso, tecnología y calidad de vida de la población. A pesar de lo cual, además de la presión sobre las instituciones que producen conocimiento y la caída en su financiamiento, ha emergido una corriente que desestima y en ocasiones ignora el papel de la ciencia, teniendo como resultado el deterioro en la salud y el medio ambiente, de la infraestructura científica, del apoyo a la formación de las nuevas generaciones, entre otros, a lo que se suma un creciente menosprecio por el conocimiento que se ve sustituido por interpretaciones de la realidad, alternativas a las que proporciona la ciencia; combinadas con la inoculación y exaltación de la ignorancia como sucedió en gran parte de la pandemia Covid-19 en nuestro país. Ello sobre todo como han señalado autores como Ruiz Galindo (2021), en la medida en que se concibe a la ciencia como un poder blando que debe ser escuchado y explicado, pero no necesariamente seguido, permite que haya suficientes razones políticas explicitas para ignorar el consenso científico. Lo anterior, además apoyado en una campaña y procesos de desinstitucionalización de la actividad científica, poniendo en riesgo la libertad académica. Frente a la cual grupos de científicos han hecho múltiples “llamados para que sean respetados, junto con la autonomía y la “libertad de investigación” que no pueden ser rechazados como un simple llamado a una ciencia libre de valores, de igual manera que a la imposición de una gobernanza externa en un entorno político abiertamente hostil.

Para ello en una primera parte nos referiremos al significado de la libertad académica, y en una segunda abordaremos las implicaciones en las políticas de ciencia y tecnología para finalizar sobre el significado del compromiso social de las IES. Con el propósito de que se comprenda mejor porque podemos hablar de un atentado a la libertad académica.

La libertad académica “en algunos países está protegida expresamente en la constitución y en otros en los derechos humanos como personas y derechos”. La cual incluye su dimensión individual pero acompañada de la dimensión institucional y su estructura organizacional que se refleja en la autonomía de las instituciones. La cual fue refrendada en el marco de los trabajos de Bolonia en 1988 y que fue acogida desde entonces por un gran número de países. En la cual se estableció que, la universidad es una institución autónoma y que puede organizarse de manera diferente por razones de geografía y patrimonio histórico. Como tal, produce, examina, valora y transmite la cultura mediante la investigación y la enseñanza, independientemente de la autoridad política y del poder económico. De tal forma que, desde las instituciones, la autonomía en la educación superior y sus instituciones implica evaluar el papel adecuado de las autoridades en relación con su autorregulación interior, al igual que con los sistemas políticos. Lo anterior, porque en varias partes del mundo, llevamos ya varias décadas y coyunturas en que en algunos países se han restringido y se amenazan las libertades académicas como los casos de Europa del este, China y en los últimos años en varios de América Latina. No obstante, es necesario señalar que la mera existencia de la autonomía institucional no garantiza esta libertad en la medida en que los académicos pueden ser coaccionados para interpretar y enseñar teorías y/o creencias sin indagar o cuestionar las bases en las que se apoyan.

De ahí la importancia en señalar que la libertad académica se basa esencialmente en el conocimiento producido por una diversidad de disciplinas, a pesar de sus diferencias comparten normas y patrones, que forman el cuerpo de reglas que debe seguir todo aquel que se dedica a la investigación y a la producción de conocimiento. Es decir, para que se siga produciendo el conocimiento es necesario continuar preservando y fortaleciendo el derecho a la ciencia entendido simultáneamente como libertad científica, relacionada tanto con la producción sin cortapisas de nuevo conocimiento como con el aprovechamiento de sus avances. Lo primero, se relaciona directamente con la necesaria autonomía de las instituciones que se dedican a la investigación y a la docencia, con la libertad en los temas de investigación y con el aseguramiento de apoyo económico basado en la calidad de los planteamientos y la experiencia de los investigadores. Lo segundo, tiene que ver con el aprovechamiento social de la ciencia, a través de la divulgación de resultados, con el fortalecimiento de redes científicas y con la tarea docente de las universidades e IES, centros principales de producción y difusión del conocimiento. No obstante, es necesario precisar que el conocimiento científico además de aquel que se puede aplicar se diferencia principalmente del producido por la ciencia básica, el cual no puede ser directamente un instrumento para el bienestar individual y no puede tampoco ser calificado a través de sus efectos sobre individuos, ya que no se puede aplicar directamente. Ejemplos como el descubrimiento del genoma humano que no tiene ningún beneficio directo, pero está contribuyendo a que la comunidad científica descubra enfermedades, y pueda a desarrollar tratamientos efectivos para ellas. Como el caso reciente de un gen de la diabetes que se puede regular y con ello a futuro el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Por ello el conocimiento científico es un bien social valioso en la medida en que permite ampliar las posibilidades para el avance del bienestar de la sociedad.

Ahora bien, en la medida que el conocimiento producido por la investigación científica no está al servicio de ningún fin externo, cuando se subordinan a fines externos como la política y los intereses económicos y aun ideológicos, implican un ataque potencial a la libertad académica. Un ejemplo de ello son las nuevas políticas de ciencia y tecnología en México, con la exclusión de la biotecnología vegetal relacionada con los transgénicos, resultado de una postura ideológica sobre los conocimientos y su producción y la introducción del principio precautorio. De igual forma que la intromisión y tratamiento que se ha dado a los centros públicos de investigación a través de la sustitución de sus autoridades por no compartir la ideología dominante ha puesto en peligro las áreas de investigación, la formación de recursos humanos, la desaparición de especialidades en algunos centros por no convenir a los intereses del proyecto gubernamental y el ahorcamiento financiero para su funcionamiento, recortando múltiples recursos dirigidos a la investigación.

Así como en el apoyo a la investigación científica individual y de los grupos, también debe prevalecer la libertad académica en las estructuras y procesos sociales para la creación y utilización del conocimiento, en la medida en que este debe verse como un bien social y la capacidad de producirlo como una capacidad social que depende la existencia de instituciones sociales adecuadas. Las cuales no solamente están determinadas por el entorno, sino en particular por las políticas públicas en relación con los gastos de investigación, infraestructura, equipamiento, capacidades científicas y tecnológica y formación de recursos humanos,Mormina (2019).

Las políticas de ciencia y tecnología

Junto a la libertad académica para el desarrollo científico, el avance de un país para que pueda tener un futuro promisorio debe apoyarse en una política científica y tecnológica bien articulada desde la que se pueda impulsar la generación de un ecosistema que pueda crear conocimiento y transmitirlo de manera eficaz a la sociedad y la economía. La cual se debe apoyar en presupuestos que incrementen la inversión pública en ciencia, que vaya más allá del volumen de los recursos para garantizar la estabilidad de los equipos y centros de investigación, de manera que puedan abordar proyectos susceptibles de obtener resultados significativos. Además, para que la tecnología pueda ser competitiva requiere del contacto directo y continuo del desarrollo de la investigación básica.

Al respecto, quisiera destacar en primer término que desde el inicio de este gobierno las políticas que se han instrumentado tienen varios problemas, por la reorientación que han tenido. Por una parte, una de las herramientas necesarias para instrumentarlas es la ley de ciencia, tecnología e innovación que aún está vigente, y que si bien no ha sido sustituida por una nueva, el Conacyt se ha apoyado en el programa especial de ciencia y tecnología e innovación 2021-2024, que da por sentado un conjunto de criterios que desautorizan a la producción científica que se hizo en los años recientes calificándola de “ciencia neoliberal” al estar dirigida solamente al aprovechamiento y competitividad de las grandes empresas, en detrimento de las “necesidades del pueblo” y de la investigación apoyada en los saberes y los conocimientos “tradicionales”, y por ende sin tener beneficios sociales. A lo cual se han agregado un conjunto de cambios que afectan al ecosistema científico y tecnológico que se había construido en años anteriores, siendo el pretexto para llevarlos a cabo la austeridad establecida para el conjunto de la administración pública. Como son el establecimiento de un Consejo de Estado que centraliza las decisiones y donde son excluidos los académicos y sus cuerpos representativos al establecer estructuras de gobierno altamente centralizadas y verticales, con el presidente de la República como árbitro final en materia de política científica nacional apoyado en una gobernanza centralista, jerárquica y basada en el gobierno.

En primer término, hay que señalar que, se están violando las funciones del propio Conacyt que, de acuerdo a la ley de ciencia y tecnología vigente, está encargado de la promoción y estimulo de la ciencia y la tecnología a través de la administración de diversos fondos apoyado en diferentes instancias de coordinación y colegiadas en donde participan el conjunto de actores del sistema. Es el caso de la desaparición de los fideicomisos y la reducción en los ingresos destinados al desarrollo de la investigación y la innovación, que está afectando a la investigación, de igual manera que a las actividades de otros actores participantes en el sistema de innovación a nivel federal y estatal. Los cuales constituían importantes canales de financiación como los fideicomisos públicos utilizados para financiar grandes proyectos en el sector público, que permitió estabilizar una parte del financiamiento a través de los años, así como que las instituciones mexicanas pudieran captar y gestionar de forma autónoma la financiación científica del exterior. Se calcula que se extinguieron 109 fideicomisos, 63 del Conacyt por un total de 3 000 millones de dólares.

En segundo lugar, se han infringido varios de los principios que señala la ley, al no reconocerse el papel de los científicos como actores, centralizar las decisiones al dejarlos fuera del sistema de ciencia y tecnología y atentando contra su autonomía y libertad para decidir sus procesos de evaluación y las formas de obtener recursos. Entre ellos la disolución del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un organismo de consulta científica y más aún la criminalización de 31 de sus miembros.

En tercer lugar, además de la desaparición del financiamiento de la biotecnología, la mayoría de las nuevas convocatorias hacen referencia a la incidencia en la resolución de problemas y no a la producción de conocimiento científico, donde se da prioridad a los PRONACES, entre los cuales los protocolos establecen que “deben contribuir a la producción, protección reconocimiento y resignificación de las minorías” o aquellos de” investigación e incidencia en materia de soberanía alimentaria. De manera paralela como señala Reyes- Galindo (2021) al cambio de valores en los borradores del proyecto de ley al reformular sus principios e impugnar los fundamentos de la ciencia, se socava la investigación básica, de igual manera que las fuentes del conocimiento aplicado y de la innovación para el futuro. Como se puede apreciar en un párrafo que a la letra dice: “El derecho humano a la ciencia se ejercerá con apego a los principios del rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, inclusión, equidad epistémica, dialogo de saberes, la producción horizontal de conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, bien social y precaución”, los cuales se han filtrado en las convocatorias del Conacyt.

A lo que se agrega a la desconfianza y falta de credibilidad de la ciencia, de las decisiones de los científicos elementos esenciales de su libertad académica, de igual forma que la cancelación de espacios para la discusión de las ideas, expresada en la falta de apoyo a diversas asociaciones científicas de larga data en el país que incluyeron cortar la financiación a las sociedades científicas que puede tener como resultado el aislamiento científico del mundo.

Ello sin dejar de mencionar la desaprobación, la crítica y la denegación del papel que la ciencia desempeña en el desarrollo económico y social del país, así como el poner en entredicho de parte del poder político las decisiones y propuestas de los científicos, como señalamos al principio y que fue alarmante durante la pandemia y que continua actualmente.

Finalmente, las modificaciones a los programas de posgrado, donde muchos de ellos han sido dejados en el limbo, por falta de financiamiento y reglas claras. Afectando la formación de recursos humanos para el país, ello sin dejar de mencionar el abandono del Programa de Cátedras Conacyt, para la colocación temprana de investigadores con el despido de docenas de jóvenes y la reducción del programa, y por ultimo las modificaciones a los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores y la exclusión de los investigadores de las universidades privadas.

En suma, se puede concluir que en esta administración y en la del Conacyt, esta última se ha querido convertir en una herramienta para consolidar su proyecto de aumentar la “justicia social” a través de la inclusión como ellos la entienden, dejando a la ciencia mexicana en la precariedad institucional y de dependencia del Estado, de manera que la participación de los científicos en los diversos megaproyectos es escasa y en la mayoría de los casos son excluidos. Además, que la comunidad ha visto como el conjunto de reformas de los estatutos organizacionales, procedimientos y canales de financiamiento la han afectado, junto a la paralización de programas establecidos en los niveles profesionales y de educación superior.

Es por lo anterior, que lo señalado por Hebe Vessuri (2018) adquiere relevancia desafortunadamente ya que uno de los problemas a que nos estamos enfrentando además del desprestigio de la ciencia y el retiro de apoyo, que afecta principalmente a los investigadores jóvenes, también está presente en cómo se están resolviendo las tensiones entre la ciencia y la tecnología que cada vez se parecen más al ejemplo de Venezuela “en donde se han resuelto como contrapropuestas. Ya que, al haber un total desprecio por la competitividad del país en aras de una retórica de la inclusión, no consiguió ninguna de las dos. En donde el discurso oficial era que “las empresas son un lucro privado ilegitimo, esa es la rapiña de las multinacionales”, de manera que este discurso vacío y sin sentido llevo a que se sufriera un severo proceso de desindustrialización que aún persiste”.

El llamado compromiso social de la universidad

Cuando se hace referencia al papel que debe jugar la universidad en la sociedad, pareciera que esta ha estado aislada y que su historia e institucionalización le son ajenos. Por el contrario, cuando se habla de compromiso social este tiene que ver con las dinámicas de interacción entre la universidad y el entorno, en donde el beneficio que se obtiene es mutuo. (Alonso, et al, (2021), y que se puede afirmar que ha estado presente a través de su involucramiento desde hace muchos años en diferentes actividades de transferencia de conocimiento. De a ahí que de acuerdo con Benneworth, 2009 et al (apud Alonso et al 2021) lo que ha ido cambiando es la vinculación con el entorno comunitario a través de un proceso mediante el que las universidades se relacionan con sus agentes para realizar actividades que puedan ser beneficiosas, incluso cuando los beneficios sean dife­rentes para ambos. Relación que recientemente se ha denominado de acuerdo con diferentes autores como la tercera misión de las universidades, junto con las otras dos, como son la formación de recursos humanos y la investigación científica. Vinculación universitaria que de acuerdo con Korn (2016) varía de acuerdo con los objetivos sociales que se persigan: 1) el modelo de justicia social se centra en el abordaje de las desventajas sociales y enfatiza entre los estudiantes el aprendizaje y el empoderamiento de la comunidad. Compromiso que se integra a la enseñanza y las políticas universitarias para promover y recompen­sar la investigación, el aprendizaje y las actividades basados en las necesidades del entorno comunitario; 2. el modelo de desarrollo económico centrado en el crecimiento económico y la innovación, a través de una transferencia de tec­nología respaldada por las políticas de fomento y vínculos comerciales y, 3. el modelo de bien público dirigido al mejoramiento de las comunidades, contribuyendo a la promoción de actividades de desarrollo y revitalización comunitaria, con políticas que fomenten la generación de cono­cimientos en contextos de aplicación locales.

Dicha misión ha tenido distintos adjetivos y visiones de las universidades, a través de las actividades de comercialización y explotación del conocimiento generado por la academia, la utilización del conocimiento teórico y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y las políticas públicas. Siendo las dos primeras, las que han cobrado relevancia en los últimos tiempos, concebidas como parte de sus obligaciones éticas y morales el comunicar a la sociedad la investigación que se lleva a cabo y en la medida en que las universidades como instituciones públicas de investigación —financiadas por el Estado— deben, además, justificar el uso de financiamiento, no solo ante los responsables políticos, sino también directamente a la sociedad (Landry et al., 2001; Cherney et al., 2015, Apud Alonso, et al 2018). A partir de dichas responsabilidades, es que las universidades han estado cada vez más sujetas a demostrar su utilidad y valor, a partir de distintas dinámicas de interacción, como son la extensión universitaria, el compromiso social, la “hibridación” de sus actividades de extensión junto con otros actores, la coproducción y más recientemente el impacto social del conocimiento.

En su conjunto las distintas responsabilidades que tienen que asumir las universidades, han cobrado relevancia en la idea de la relación universidad-sociedad en tanto tercera misión, además de su operacionalización. Las cuales cada vez más involucran a los académicos para visibilizar sus actividades, a través de cambios en los modelos que miden, evalúan y jerarquizan tanto su desempeño a nivel individual como institucional, junto a la visión del impacto social del conocimiento o impacto social de la universidad.

Sin entrar en mayores definiciones sobre los diferentes sentidos que puede tener el compromiso social, es necesario resaltar que tanto los modelos de evaluación y medición de los académicos tienen ya un largo camino recorrido en el país, a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los distintos sistema internos en las universidades y centros públicos y que pueden estar sujetos a revisión, de igual manera que la justificación del financiamiento que es revisado tanto internamente como a nivel de la federación y las cámaras.

Por lo anterior, ha resultado muy alarmante la política de descrédito de las instituciones de educación superior y de sus académicos en esta administración, que han llevado a acusaciones de sospecha de malversación de fondos, sin que hasta la fecha se hayan comprobado, la desaparición de numerosos programas de investigación y/o su ahorcamiento financiero, el descrédito de las instituciones acerca de la administración, de su condición de pública o privada, la organización de los posgrados entre otros, sin dejar de mencionar los agravios y ofensas a investigadores reconocidos nacional e internacionalmente. Políticas y medidas que se escudan en la famosa “austeridad republicana” y en el proyecto de “renovación ideológica y política del país”. En los cuales además del impacto social sobre la sociedad y de la formación de cuadros ideológicos, implica muchos desafíos, entre ellos el cortoplacismo en la investigación, relegando con posibles efectos a largo plazo y poniendo en riesgo la generación del conocimiento y el desarrollo del país.

Referencias

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Jimeno Rivero Patricia, Jorge Andrés Echeverry-Mejía y Hebe Vessuri (2018) Mas allá de las ciencias, los científicos y la gestión de la ciencia y la tecnología. Conversación con Hebe Vessuri, Cuadernos de Antropología Social/ 48, 129-144.

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Reyes-Galindo, Luis (2022) Values and vendettas: populist science governance in Mexico Social Studies of Science, accepted for publication, May .

Seckelmann, Margrit Seckelmann, Lorenza Violini, Cristina Fraenkel-Haeberle, Giada Ragone (2021) Academic Freedom Under Pressure? A Comparative Perspective, Springer.