* En 2017 se multiplico el número de casos de condicionamiento con fines electorales del programa Prospera

Ciudad de México, 5 de octubre de 2017.- En algunos casos, los delitos electorales se llevan a cabo tras un arreglo para beneficiar a partidos-candidatos específicos a través de los grupos empresariales. Este fenómeno implica muchos desvíos de recursos mediante el financiamiento de empresas fantasma, afirmó Santiago Nieto Castillo, Titular en La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En Quintana Roo surgió un caso relacionado con la generación de empresas fantasmas para bajar los recursos a partir de estas empresas, donde el modus operandi consistió en que, durante los últimos meses o días del proceso electoral, el gobierno estatal les empezó a pagar dichos recursos que fueron destinados a las campañas electorales, señaló Nieto Castillo.

Otro delito electoral es el que se lleva acabo con la federación, estados o municipios a partir de dos conductas; el peculado electoral, o condicionamiento en programas sociales por medio de regalos de electrodomésticos o dinero; asimismo, se presentan casos de grupos de presión o de carácter delincuencial, expresó el Titular de la FEPADE.

Otro tipo de delitos electorales tiene que ver con la alteración del Registro Federal de Electores, que se realiza con dos modalidades; la usurpación de identidad, que no tiene impacto electoral; y el turismo electoral, práctica recurrente en estados como Yucatán, Veracruz, Chiapas y Estado de México, puntualizó Nieto Castillo.

La compra de votos, el condicionamiento de programas sociales y el acarreo de votantes se realiza mediante la recopilación de credenciales de elector, actividad que se realiza antes, durante y en el cierre de campaña. Mediante esta modalidad de delito electoral, afirmó el funcionario, los partidos ya no busca sumar votos sino quitarle votos al adversario. Este fenómeno se ha ido incrementando, ya que, tan solo en el 2017 se multiplico el número de casos con el programa Prospera de SEDESOL.

Por disposición legal, las 32 entidades federativas tienen la obligación de contar con una fiscalía electoral en el ámbito local, pero 14 de ellas no cuentas con dicha fiscalía, señaló el Titular de la FEPADE, y reiteró que, por cada 100 pesos que reciben los partidos, la FEPADE recibe 1.5, aspecto que ilustra el impulso que se le otorga a las instituciones encargadas de perseguir los delitos electorales.

Estas reflexiones se llevaron a cabo durante la mesa redonda “Corrupción, financiamiento ilícito en procesos electorales y fraude a la ley”, coordinada por Irma Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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