Publicado el 10 de septiembre en Crónica
La del lunes 3 de septiembre fue una provocación alevosa y premeditada en contra de la Universidad Nacional. Varias docenas de golpeadores fueron transportados hasta Ciudad Universitaria para que agredieran el mitin de los estudiantes del CCH Azcapotzalco. Era un grupo armado, organizado para atacar, integrado por cobardes que agredieron por sorpresa a estudiantes indefensos. Hay dos heridos graves, Emilio Aguilar Sánchez de la Prepa 6 y Joel Meza García, de Filosofía y Letras.
La respuesta que dos días más tarde dieron miles de estudiantes universitarios en la concentración más concurrida que se haya realizado en la UNAM en varios años, expresó la indignación que ha recorrido el campus. La acción criminal de los porros que asaltaron Ciudad Universitaria es absolutamente inaceptable. También lo son, en otro plano, las indecisiones primero y las precipitaciones después de las autoridades federales y locales que tienen la obligación de indagar y castigar esos hechos.
Los regateos entre la PGR y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México son, por lo menos, irresponsables. Mucho más lo es la liberación, sin explicaciones claras y con tanta prisa que no se agotaron los plazos legales que hubieran permitido profundizar las indagaciones, de dos acusados de haber participado en la agresión contra los jóvenes del CCH.
La respuesta del Rector Enrique Graue fue oportuna y clara. Al día siguiente de la agresión compartió la indignación de los universitarios, dispuso la expulsión de 18 golpeadores que estaban inscritos como estudiantes y mencionó por sus nombres a tres de las agrupaciones de porros en planteles del bachillerato.
Nunca antes, hasta donde recordamos, un rector de la UNAM había señalado de manera tan directa a individuos y organizaciones de prácticas porriles. Aún faltan muchas explicaciones, sobre todo para que se identifiquen el financiamiento y los intereses políticos que mantienen a los grupos de golpeadores que han sido una presencia ominosa, especialmente en planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y la Escuela Nacional Preparatoria.
Los porros en la UNAM, igual que en otras instituciones públicas de educación superior en todo el país, han sido una lacra que los universitarios han tenido que soportar durante más de medio siglo. En el campus principal de la Universidad Nacional los golpeadores fueron expulsados hace tiempo, aunque se mantienen grupos de delincuentes que reaparecen de cuando en cuando. En los planteles de bachillerato la desprotección de los estudiantes es mayor.
Durante décadas, estudiantes y profesores han demandado la erradicación de esos grupos violentos. Hay que reconocer que esa exigencia pocas veces ha sido suficientemente enfática. Por temor e indolencia, los universitarios han tolerado numerosas irregularidades en sus campus. Sin embargo quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en las universidades son las autoridades de tales instituciones y el gobierno. Las connotaciones que por causas históricas y políticas se le han adjudicado a la autonomía universitaria, así como el temor a exacerbar conflictos debido a la intervención de la fuerza pública, han dificultado la aplicación de la justicia dentro de las instalaciones universitarias.
En la UNAM, por ejemplo, existe un grupo de vigilancia cuya incapacidad e indolencia son ampliamente conocidas. Esa corporación, hay que reconocerlo, no cuenta con recursos para enfrentar agresiones violentas porque no existen marco legal ni costumbres políticas para ello. La persecución a los delincuentes sólo ocurre cuando las autoridades de la Universidad articulan una relación eficaz con las autoridades policiacas, pero no es sencillo.
La intimidación a estudiantes por parte de grupos de golpeadores fue aprovechada durante largo tiempo, especialmente en los años sesenta y setenta, para inhibir protestas y eventualmente ocasionar nuevos conflictos que favorecieran a diversos intereses políticos. Durante muchos años, entre los universitarios atentos a estos asuntos, se extendió la certeza de que los porros eran financiados por personajes cercanos al PRI, especialmente en el Distrito Federal y el Estado de México. Más tarde se ha dicho que hay dirigentes locales del PRD, e incluso vinculados con Morena, que de cuando en cuando utilizan a esos grupos de choque. Sin embargo no se han conocido suficientes evidencias documentales que apuntalen tales presunciones.
En los grupos de porros participan estudiantes reclutados con la promesa de que ganarán influencia e impunidad. Los porros afianzan una identidad que se manifiesta en el uso del jersey que lleva el nombre del plantel en donde reside cada pandilla. Cuando se enfrentan unos con otros, quitarle al rival el jersey es señal de triunfo. Entre el relajo y la extorsión a otros estudiantes, los porros disfrutan pequeños privilegios y por lo general están a disposición del mejor postor.
Una tesis presentada hace cinco años en la Facultad de Psicología por María del Rocío Hernández y Áurea Vargas Ramírez analiza la creación de identidades entre miembros de esos grupos a partir de entrevistas a varios de sus participantes. Allí, entre otros, aparece este testimonio de un antiguo líder de porros en un plantel de bachillerato:
“Los porros son hijos de la política, se podría decir, ¿por qué?, porque aquí nosotros, cuando yo entré como un porro simple, nosotros trabajábamos para el PRD y para el PRI, también por eso se dice y hay muchos comentarios de que los porros son pagados y realmente sí son pagados, somos pagados. Me acuerdo que en el 2005, 2006, que fueron las elecciones con el PRD que iba a subir este Andrés Manuel López Obrador, pues varios diputados del PRD nos jalaban pues va, vamos, a hacer bulla, a hacer fiesta, pues ahí íbamos y nos pagaban, ahora sí que como ahorita lo que pasó con Peña Nieto, pagados, todos pagados, nos daban 200 pesos nada más por ir una o dos veces a escuchar sus tonterías y así como trabajamos para el PRD, trabajamos para el PRI y sí te digo yo como porro y como dirigente que alguna vez fui en esos tiempos sí lo acepto, además hacíamos juntas dentro de las oficinas del PRI o sea y si no fuéramos partidarios de algún partido político, qué hacemos dentro de una instalación de un partido” (“Somos estudiantes y porros”. Una visión desde adentro).
A fines de julio pasado, los grupos de activistas estudiantiles en el CCH Azcapotzalco convocaron a un paro en protesta por irregularidades en la elaboración de las plantillas de profesores, el pago de cuotas de inscripción y la desaparición de varios murales que fueron borrados durante las vacaciones. La maestra Guadalupe Márquez Cárdenas, que ha dedicado toda su vida a la docencia en el CCH y que era directora desde diciembre, presentó su renuncia el 30 de agosto para facilitar la negociación con los paristas. Durante el paro hubo episodios violentos entre porros y activistas de ultraizquierda, de tal suerte que una de las exigencias de los estudiantes de Azcapotzalco fue la desaparición de los grupos de porros. Con esas demandas, el lunes 3 de septiembre fueron a hacer un mitin a Ciudad Universitaria, en donde fueron agredidos.
Las exigencias de los estudiantes de Azcapotzalco han sido pertinentes. Tienen derecho a contar con profesores suficientes. Los murales que defienden eran bastante feos pero su exhibición era parte de la libertad de expresión que debe haber en la Universidad. Ese movimiento prácticamente había ganado cuando, al ser atacado por porros, adquirió una notoriedad y una solidaridad que no hubiera tenido de otra manera.
La agresión desató el paro en prácticamente todas las escuelas y facultades, así como la creación de una asamblea universitaria. Sería muy saludable que este incidente desembocara en una organización que representara, de manera auténtica, a los estudiantes de la UNAM. Pero como sucede con frecuencia en estos casos, la tortuosidad y las extensas peroratas en las asambleas ahuyentan a las mayorías y se corre el riesgo de que las decisiones las tomen los más obstinados, que a menudo son alumnos que tienen una agenda de carácter político. Están en su derecho para sostener las propuestas que quieran pero no a reemplazar, con decisiones de pocos, la voluntad de muchos.
La Asamblea Interuniversitaria sesionó entre el viernes y el sábado pasados. Los abnegados que resistieron después de 17 horas de intervenciones aprobaron una extensa lista de propuestas que no son resoluciones porque serán llevadas a las asambleas en cada escuela pero que, al no estar jerarquizadas, constituyen un batiburrillo de muy heterogéneos asuntos e intenciones. Entre las 97 demandas que inventarió esa Asamblea hay algunas que recogen necesidades específicas como la dotación de servicios médicos o la creación de una cafetería. Otras, se refieren a problemas de carácter más amplio como la violencia de género. Unas más plantean cambios drásticos —varios de ellos muy debatibles— como la “democratización” de las universidades y la elección de autoridades por voto directo.
La movilización reciente ha tenido un propósito esencial: la exigencia para que autores intelectuales y materiales de la agresión del día 3 sean identificados y castigados y la garantía para que haya seguridad en las instalaciones universitarias. Si pierden ese eje indispensable, la Asamblea Interuniversitaria y sus ahora muchos simpatizantes carecerán de rumbo y entrarán en una fase incierta.
La demanda que ha cohesionado a los universitarios es la erradicación de los porros. Erradicar es arrancar de raíz. Vamos comenzando por eso.
Fotografía de portada: Ollin Pix
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
