A propósito de las recientes conmemoraciones por el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Mundial del Clima (26 de marzo), fechas promovidas anualmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que buscan recordar la importancia de este vital líquido y del cambio climático, es pertinente hacer conciencia sobre uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad en la actualidad: el fenómeno de la sequía y su relación con la seguridad alimentaria.
De acuerdo con la ONU, el año 2020 además de caracterizarse por la pandemia de COVID-19, fue también el año con mayores desastres relacionados con el clima en la historia mundial que resultaron en 98,4 millones de personas afectadas y pérdidas económicas de al menos 171,3 mil millones de dólares (CRED & UNDRR, 2021:1-8). Si bien los eventos extremos como las tormentas y las inundaciones fueron los fenómenos con mayor recurrencia, el fenómeno de la sequía fue el más perjudicial, dañando a un mayor número de personas (alrededor de 48 millones). Por lo anterior, la sequía se manifiesta como la amenaza natural más acuciante a nivel global.
Desafortunadamente, según estimaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (conocido por el acrónimo en inglés IPCC), se proyecta que la frecuencia e intensidad de las sequías seguirán aumentando debido al calentamiento global. El IPCC también proyecta que las sequías que se intensificarán en el siglo XXI lo harán en estaciones y regiones específicas, debido a la reducción de las precipitaciones y/o al aumento de la evapotranspiración (IPCC, 2020). Según un estudio de la Universidad de Columbia, en el oeste de Estados Unidos y el noroeste de México está emergiendo una mega sequía agravada por el cambio climático.
De hecho, el caso de México es preocupante ya que desde el año 2020 y hasta la fecha, según el Monitor de Sequía elaborado por Conagua, alrededor del 80% del territorio nacional ha padecido de algún grado de sequía, resultando la segunda temporada de secas más grave en lo que va del siglo XXI (en el año 2011 se presentó en un 90% del territorio esta misma condición). Esta situación se ha asociado principalmente a la falta de precipitaciones o lluvias como consecuencia del fenómeno natural conocido como La Niña; por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, del 1 de octubre de 2021 al 1 de mayo de 2022 ha llovido casi 20% menos que el promedio histórico de ese mismo lapso (Conagua, 2022); de hecho, esta misma dependencia reportó cifras similares hace un año también.
La situación anterior se combina con la alta sobreexplotación y dependencia de las aguas subterráneas nacionales con porcentajes de extracción que oscilan el 72% (UNESCO, 2022). Por cierto, este año 2022 el foco de atención y análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha sido los recursos hídricos subterráneos, por lo que, en su informe mundial, denominado “Aguas subterráneas. Hacer visible el recurso invisible”, se alerta de la sobreexplotación y contaminación de distintos acuíferos en varias regiones del país, en particular en el norte del país. Se estima que, de los 653 mantos subterráneos presentes en el territorio nacional, existen en sobreexplotación 115 acuíferos.
Sin embargo, las sequías no son únicamente fenómenos medioambientales, sino se originan también por la influencia antrópica, por lo que, deben ser abordadas como procesos socioambientales que responden tanto a cambios naturales, como a las alteraciones derivadas de la acción económica, social y política; es decir, que los problemas ambientales no sean abstraídos de los procesos desiguales de crecimiento y desarrollo económico de tipo capitalista, como lo es el actual modelo de acumulación imperialista y corporativo, y sus repercusiones en los países en vías de desarrollo como el nuestro. E incluso, esta compleja problemática debe ser entendida más allá de una consideración coyuntural ya que básicamente es de carácter estructural.
Reconocer lo anterior permite detectar otros factores de riesgo como, por ejemplo, la creciente desigualdad económica y pobreza a raíz de las recientes crisis económicas mundiales del 2008 y 2020, así como patrones de concentración y acaparamiento de la tierra y el agua en zonas rurales y urbanas, que se combinan con las actividades extractivas realizadas por empresas transnacionales que aumentan la degradación y contaminación ambiental. De hecho, según el INEGI, unos 44 millones de mexicanos no tienen acceso diario al agua. Por el contrario, 7 empresas privadas (nacionales y extranjeras), entre éstas, algunos bancos y agroempresas transnacionales, controlan el 70% del agua en el país. Desde este escenario de desigualdad y acaparamiento se vuelve pertinente recordar lo expuesto por la escritora y activista hindú Vandana Shiva al respecto: “No es sequía es saqueo”.
También es necesario tomar en cuenta la existencia de marcos normativos o legislaciones laxas y antidemocráticas (neoliberales), programas y presupuestos acotados, que se combinan con corrupción e inseguridad, y conflictos sociales. Considerar además el aumento irregular de nuevos asentamientos humanos y el crecimiento de la población, sin olvidar la construcción de infraestructura poco resiliente y transporte contaminante; así como, el uso de tecnologías inadecuadas e insumos tóxicos, desinterés social, entre muchos otros factores.
Por otro lado, se sabe que una de las consecuencias principales de las sequías es poner en riesgo la producción agrícola, el acceso y disponibilidad de todas las personas a los alimentos y, por ende, el abasto y seguridad alimentaria. En México, la agricultura ha sido uno de los sectores más sensibles a esta problemática socioambiental, debido a que esta actividad utiliza el 74% del agua para irrigar los 22 millones de hectáreas que se siembran anualmente en el país para producir alimentos y materias primas. Además, el impacto de la sequía agrícola es desigual, ya que, del total de hectáreas sembradas en el país, 6.1 millones cuentan con cierta capacidad de riego (presas y canales), mientras que el resto, 15.9 millones de hectáreas que son de temporal, no cuentan con otra alternativa.
Por lo tanto, la sequía ocurrida en el país explica, en parte, el estancamiento en la producción agropecuaria durante los últimos años. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con base en cálculos del Índice de Volumen Físico Agropecuario (IVF Agropec), correspondiente al mes de abril de este año, se registró una disminución en el volumen de maíz grano, sorgo grano, chile verde, trigo grano, y maíz forrajero. Por ejemplo, la producción de maíz grano, en Oaxaca, bajó 12.8% al pasar de 25 mil 584 toneladas en marzo de 2021 a 22 mil 303 en marzo de 2022, entidad que generó 16.1% de la producción del país. La cosecha de sorgo grano, en Nayarit y Tamaulipas, registró en conjunto una disminución de 34.7% que significa 12 mil 705 toneladas menos que las obtenidas en el tercer mes de 2021, entre ambos estados aportan 53.8% de la producción nacional.
Además, debemos considerar los impactos que la pandemia por Covid-19 y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia han generado en la alteración de las cadenas productivas nacionales y mundiales, lo cual se ha manifestado principalmente en el alza de los precios de los alimentos (inflación), poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas, en especial las más pobres. Con respecto al encarecimiento de la canasta alimentaria, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el país el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $1,676.85 (marzo de 2020) a $1,974.57 (marzo de 2022), es decir, un incrementó de 15.1%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,278.35 (marzo de 2020) a $1,517.96 (marzo de 2022), incrementó 15.8%.
A nivel mundial, según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2022 presentado por la ONU, durante el año 2021 se reportaron 193 millones de personas en 53 países que sufrieron inseguridad alimentaria. Este nivel récord de hambruna según este mismo informe se debió a conflictos, al cambio climático, alza de precios en los alimentos y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Conforme a este mismo informe, se espera que la situación empeore aún más hacia finales del 2022, debido a que se pronostica una temporada de lluvias por debajo de su promedio mundial.
Por lo tanto, debe ser tomado en cuenta para el diagnóstico y la respuesta ante las problemáticas del cambio climático (p.ej. sequías) con relación a la seguridad alimentaria, este enfoque sobre la crisis del capitalismo contemporáneo actual y sus repercusiones en países como el nuestro, y que, además, bajo un modelo neoliberal se profundizan.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
