«Nos remontamos a lo que llamamos las siete “íes”, ¿y por qué siete?, porque siete es un número importante para la cultura: tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos […]». Así explicaba el día de ayer el presidente de Colombia Iván Duque ante el comité de la Unesco reunido en París su idea de la llamada “economía naranja”. Un día antes, en uno de los auditorios de la Universidad Paris II Pantheón-Assas, Duque había sido fuertemente cuestionado por su tratamiento a las movilizaciones estudiantiles que reclaman mayores recursos para las universidades públicas de Colombia. De hecho, una de las personas asistentes al encuentro le recordó que un doctorado no se obtiene en 10 días, haciendo mención al falso doctorado de la Universidad de Harvard que Duque dijo tener cuando era candidato presidencial, y que luego se demostraría que solo asistió a un curso corto de dos semanas.

Valga decir que esta práctica de inventar títulos académicos se ha vuelto común entre los políticos colombianos por una razón compleja: históricamente las clases medias y populares han visto a las clases altas como aquellas con la posibilidad de hacer estudios de posgrado, por ello en el imaginario general quedó grabado que una persona con un cargo superior o de dirigencia tenía dichos estudios y por eso debería decírsele doctor o doctora, así no tuviera dicho título. Entonces la “doctoritis” se convirtió en el ideal de la educación en las familias porque eso significaba mayor estatus social y poder simbólico sobre los demás. Los políticos, en su afán de sobresalir, debían entonces sustentar su poder no solo con los cargos públicos ocupados sino con el adicional título formal de estudios de posgrado. Pero algunos de ellos no lograron obtener uno y la mejor solución que han encontrado es inventarlos.

Para superar esa “doctoritis” que ha sido nociva para la educación superior en Colombia hay dos caminos complementarios. El primero es de orden cultural y requiere que periodistas, políticos y gente del común deje de referirse a otras personas llamándolas “doctor” o “doctora” a menos que realmente tengan un título de doctorado o que sean médicos. El segundo requiere de un cambio en la estructura del sistema de educación superior en donde no solo la formación universitaria (que conlleva a los doctorados), sino también la formación técnica y tecnológica tengan mayores recursos y se conviertan en una opción real para muchos estudiantes y padres de familia que no pueden pagar una universidad privada de calidad o que no pasen los filtros de las universidades públicas. Es un camino largo pero que hay que empezar a andar.

Pero mientras los estudiantes en Colombia llevan semanas solicitándole al presidente Duque que se reúna con ellos para encontrar una solución a la crisis de la educación pública él habla de los siete enanitos en la Unesco. La respuesta del gobierno a los estudiantes ha sido la represión e infiltración al movimiento estudiantil y profesoral por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Duque se ha reunido y cantado con Carlos Vives, Maluma y Jorge Celedón, pero a los estudiantes los ha ignorado. Grave error de un presidente inexperto para generar credibilidad entre la opinión pública. A pesar de las agresiones y la violencia con la que son reprimidos por el ESMAD, los estudiantes y profesores insisten en mantener las movilizaciones porque consideran que la situación de crisis es insostenible.

Como lo comenté en una publicación anterior, en cuestión de políticas públicas sobre educación superior hay dos opciones generales: 1) subsidio a la demanda (a los estudiantes) ó 2) subsidio a la oferta (a las Instituciones de Educación Superior). Como en Colombia casi nunca se piensa en políticas públicas sino en programas gubernamentales, lo más cercano que se tiene son programas como “Ser Pilo Paga” del expresidente Santos y la versión sofisticada de Duque “Generación E” (de equidad, no de enanitos). Estos programas se basan en dar subsidios a la demanda a través de las IES; es decir, una especie de combinación de las dos opciones en donde se benefician unos cuantos estudiantes y las universidades (en su mayoría privadas) donde éstos deciden estudiar. El resultado es simple: más recursos para las universidades privadas a través del discurso de la gratuidad para un porcentaje muy bajo de estudiantes aunque esté documentado que las universidades públicas, en conjunto, son las que más aportan en ciencia y tecnología al país.

La cuestión de fondo es compleja. Se trata de una ideología neoliberal que trabaja juiciosamente por robustecer al sector privado en detrimento de las universidades públicas. Históricamente los gobiernos de Colombia han sido reticentes a otorgar subsidios a la oferta, es decir, otorgar presupuesto a las universidades públicas. No se trata de falta de presupuesto (ahí están los recursos para “Ser Pilo Paga 2.0”), se trata de una descarada aversión hacia lo público. Así han sido todos los gobiernos desde César Gaviria (1990-1994) hasta Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuales han dejado que las universidades públicas se caigan sobre sus cimientos, literalmente. Y al parecer, así será el gobierno del actual presidente.

Todo ello sumado, da idea de los intereses del gobierno actual, continuidad del viejo uribismo que se ha querido anclar al poder desde todas las ramas del Estado. Hoy Colombia, al igual que otros países de la región, vive el ascenso de gobiernos radicales de derecha que ven en las movilizaciones sociales y en la oposición enemigos que hay que neutralizar. Lo que es difícil de asimilar es que en Colombia la historia nos ha enseñado que para estos sectores radicales neutralizar no solo significa silencias sino también eliminar físicamente, asesinar. La represión y el distanciamiento de los estudiantes por parte de Duque son los síntomas de las acciones por venir de una corriente política –el uribismo– que utiliza la violencia para gobernar.

He retomado el tema de la crisis de la educación pública en mi país en otras ocasiones, y quisiera abordar otros temas de interés para América Latina, pero teniendo en cuenta la urgencia de la problemática he querido aprovechar este espacio para seguir exponiendo mis puntos de vista para que colegas y personas de otros países puedan dimensionar lo que sucede actualmente; espero poder aportar de esa manera desde aquí a los miles de estudiantes y profesores que se movilizan actualmente en Colombia reclamando sus derechos.