El 6 de enero de 1945 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este marco jurídico nos brindó, a las y los universitarios, el derecho a autogobernarnos como organismo descentralizado del Estado. Esto nos dio la responsabilidad, como lo señala el artículo primero, de “impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”. Esta base normativa le ha permitido a la Universidad responder en distintos momentos de la historia a las condiciones nacionales que se le han presentado al país y podemos decir que hoy nos permite abrir un debate libre, con plena autonomía de los intereses políticos y económicos, sobre la crisis ambiental como uno de los grandes problemas nacionales.

En materia ambiental México enfrenta problemáticas sumamente complejas y la Universidad, en la medida de sus capacidades y posibilidades, debe ofrecerle a la sociedad propuestas para resolverlas. El acelerado deterioro de la naturaleza, causado por el modelo económico-industrial, es una problemática no lineal que se ve reflejada en distintos fenómenos interconectados que se expresan en escalas múltiples con impactos diferenciados. Así, los fenómenos que nos afectan a todos los seres humanos como el cambio climático global, la polución atmosférica, la contaminación y escasez de agua dulce, la pérdida de bosques y selvas, la extinción masiva de plantas y animales, la erosión de los suelos o la emergencia de nuevas enfermedades zoonóticas como la COVID-19 aquejan con mayor profundidad a los ciudadanos más pobres de nuestro país y el planeta. Esto quedó evidenciado con la pandemia que vivió el mundo hace poco tiempo.

En los últimos cincuenta años, debido a la presión que hemos ejercido sobre los ecosistemas nacionales, las condiciones ambientales del país han cambiado aceleradamente y el aumento poblacional en este periodo ha sido un importante factor. Por ejemplo, en 1977 la población del país era 62 millones de habitantes y en 2020 alcanzamos la cifra de 126 millones de personas. Al incrementarse exponencialmente el número de pobladores en el territorio nacional las dinámicas demográficas cambiaron a tal punto que en la actualidad aproximadamente el 80 % de la población se concentra en ciudades y centros urbanos que son los que demandan mayores recursos naturales y al mismo tiempo las que más contaminación y desechos generan. Tan solo la demanda de agua para atender las necesidades agrícolas, industriales y urbanas de todo el territorio ha provocado que el 60% de los cuerpos de agua del país presenten graves problemas de contaminación y que más de 150 de los acuíferos más importantes estén sobre explotados. En materia hídrica hoy sabemos que la Zona Metropolitana podría alcanzar el día cero en el año 2028. Esto significa que no contaremos con el agua necesaria para atender las demandas de la población en los próximos años.

La problemática se complejiza cuando incorporamos al diagnóstico los datos que señalan que el país ha perdido aproximadamente el 50 % de su cobertura vegetal original y que actualmente la tasa calculada de deforestación es de más de 200 mil hectáreas por año. Esto se debe a diversas causas, pero una de las más evidentes ha sido la necesidad de expandir la frontera agrícola y ganadera, lo que a su vez ha provocado que casi el 52 % de los suelos de nuestro país experimenten algún grado o tipo de erosión. A pesar de este altísimo costo ambiental no hemos logrado desarrollar un modelo agrícola que nos permita ser autosuficientes en la producción de maíz; tan solo este año importamos más de 3.5 millones de toneladas para cubrir la demanda interna. Debemos señalar que las ganancias económicas que generan los proyectos extractivistas mineros y agroindustriales en territorios indígenas, donde se concentran importantes riquezas culturales, biológicas, genéticas e hidrológicas del país, no compensan en ningún sentido el profundo daño a la naturaleza. Sus efectos más terribles provocan el sufrimiento y dañan la salud de millones de seres humanos. Sumado a esto, a lo largo y ancho del país y en todo el planeta, las migraciones humanas por causas ambientales aumentaron exponencialmente. Ante estas desgarradoras realidades, los universitarios no podemos ser ajenos.

La crisis ambiental también es una crisis climática porque las variaciones en la temperatura global del planeta que ya experimentamos están provocando fenómenos extremos como olas de calor, sequías, incendios, lluvias e inundaciones que también son problemas para el desarrollo humano y la gobernabilidad. Necesitamos nuevas pautas en nuestras perspectivas sobre el desarrollo, incorporando al cuidado de la naturaleza como parte de nuestra redefinición del desarrollo y gobernabilidad, no solo como indicador económico. Debemos pensar y discutir un nuevo contrato social en beneficio de nuestra especie y esta es una labor que deben asumir la universidad, las humanidades y las ciencias sociales.

Comprendamos que en nuestro complejo y convulso mundo la crisis ambiental no solo es un problema técnico que se resolverá con el desarrollo de más tecnologías. La crisis ambiental es al mismo tiempo la primera crisis humanitaria a escala global que nos ha puesto el reto de repensar nuestras perspectivas históricas, valores económicos y científicos porque para enfrentar esta crisis debemos tener nuevas herramientas que nos ayuden en la formación de una ciudadanía crítica y participativa. La crisis es humanitaria debido a que la desigualdad económica y social, consecuencia de nuestros modelos de crecimiento económico, desarrollo científico y uso irracional de los recursos naturales solo ha beneficiado a pocos países, y a una minoría de ciudadanos, provocando la pobreza y precariedad en millones de seres humanos. También, debemos tener claro que la crisis ambiental es una crisis social de escala planetaria, pues el deterioro de los ecosistemas guarda una estrecha relación con las desigualdades de género, con el racismo sistémico y con la gobernabilidad. Debemos pensar la crisis ambiental como la última frontera de nuestra especie. Al no estar seguros de cuánto tiempo nos falta para cruzarla hay que actuar porque lo que dejemos de hacer hoy tendrá costos que no solo serán económicos. El futuro de nuestra propia especie está en riesgo.

En nuestra universidad las ciencias fisicomatemáticas y biológicas, las ingenierías y ciencias de la salud han desarrollado importantes investigaciones enfocadas al cuidado y protección de la naturaleza, pero desde hace varias décadas la tendencia en estas ramas del saber es la especialización, la cual ha permitido desarrollar conocimientos profundos y aplicados para resolver problemas específicos en materia ambiental. En una ruta diferente las humanidades y las ciencias sociales han desarrollado modelos holísticos y sistémicos que buscan respuestas y explicaciones que orienten a la sociedad en distintas problemáticas. En este camino las humanidades y ciencias sociales han encontrado uno de sus mayores aportes que es la formación y construcción de ciudadanía para enfrentar los graves problemas ambientales. Debemos pensar cómo ambas culturas del conocimiento deben trabajar conjuntamente para enfrentar los problemas ambientales, pero debemos tener claro que el trabajo de las humanidades y las ciencias sociales en los tiempos por venir tendrán que aportar instrumentos analíticos y críticos para la formación de ciudadanos y su toma de decisiones.

Para finalizar debemos recordar que en nuestro país la primera propuesta para definir los grandes problemas nacionales la formuló Don Andrés Molina Enríquez en el año de 1909. Desde ese momento cada nueva generación ha tenido el reto de definirlos y de investigarlos. No basta con nombrar a nuestro tiempo con apellidos novedosos como la era del Antropoceno o la era de la ebullición global. Las condiciones del acelerado deterioro de la naturaleza en nuestro país y el mundo requiere del trabajo de la Universidad y nuestra comunidad para impulsar con mayor decisión en las áreas humanísticas y sociales medidas educativas, de investigación y difusión de la cultura sobre el cuidado de la naturaleza. Lo que hoy hagamos como universitarios en la formación de ciudadanos será determinante en las próximas décadas para el futuro de millones de seres humanos en México y todo el planeta.

Juan Humberto Urquiza García

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

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