Publicado el 22 de junio en Sociedad y poder

El director editorial de la revista IBERO, Juan Domingo Argüelles, preguntó para su edición junio – julio si ¿Podemos confiar en nuestras autoridades electorales? Esta fue mi respuesta.

¿Podemos confiar en nuestras autoridades electorales? Mi primera reacción ante la interrogante que plantea la revista IBERO es contestar ¡por supuesto que sí! Pero antes de razonar esa respuesta me pregunto, a mi vez, ¿y por qué preguntan eso? ¿Por qué no han preguntado “¿cuáles son los motivos para confiar en las autoridades electorales?”. O, desde otro ángulo, “¿cómo procurar y defender la confianza en las autoridades electorales?”.

Entiendo el sentido de la pregunta inicial, que está sintonizada con el escenario de suspicacias que ha acompañado, como nunca antes, a las campañas de 2018. También reconozco que una revista universitaria está para auspiciar la reflexión y de esa manera las dudas y no para vitorear a ninguna autoridad.

Así que regreso a mi espontánea certeza inicial. Desde luego podemos confiar en las autoridades que organizan y fiscalizan las elecciones. En esta respuesta hay una mezcla de convencimiento documentado durante varias décadas, junto con voluntarismo que trata de exorcisar algunos de los demonios que amenazan la elección y el cómputo de nuestros votos.

Sostengo que se puede confiar en esas autoridades porque están ceñidas por un marco legal que las obliga a la constante transparencia y a la rendición de cuentas, porque la sociedad interesada en estos asuntos mantiene un escrutinio exigente acerca de su desempeño y porque las instituciones encargadas de las elecciones están conformadas por personal capacitado, de honestidad y compromiso probados.

Me refiero fundamentalmente al Instituto Nacional Electoral. Las demasiadas tareas que le asigna la actual legislación, la natural disputa política que se intensifica en un proceso en donde designaremos a la mayor cantidad de funcionarios que jamás hayan sido electos el mismo día en nuestro país, así como el apasionamiento de la sociedad ante las contrastadas opciones que tendremos en las boletas del 1 de julio, se conjugan para que el INE quede sometido a una presión también inédita. Tengo la certeza de que sus autoridades cuentan con la sensatez y la experiencia que hacen falta para resolver los dilemas que resulten de tal escenario. Pero además tengo amplia confianza en los trabajadores que conforman el servicio profesional electoral y que son quienes sostienen la estructura de esa apurada institución.

El INE organiza las elecciones y supervisa cada paso del proceso electoral. El Tribunal Federal Electoral resuelve las disputas que se suscitan en ese trayecto y califica la elección presidencial. El desempeño del Tribunal no ha sido tan airoso, al menos desde puntos de vista como el del autor de estas líneas, quizá desde hace un año. Cada decisión del INE que afecta a poderes establecidos como los del partido que aún se encuentra en el gobierno, ha sido revisada y en ocasiones modificada por el Tribunal. Una de sus resoluciones más cuestionadas fue aprobar el registro de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, a pesar de que no reunió la cantidad de adhesiones que establece la ley para ser candidato presidencial independiente.

El comportamiento de algunos de los magistrados me conduce a tener dudas pero el entorno que acotará su desempeño contribuye a resolverlas. Pase lo que pase, los resultados de la elección más importante del 1 de julio que es la elección presidencial, serán visibles desde que se coloquen las sábanas con los resultados a las puertas de cada casilla, habrán sido anunciados por las encuestas, podrán ser revisados en cada sede distrital y habrá una amplísima observación en torno a ellos. Todo eso contribuirá para que los magistrados electorales no tengan márgenes de discrecionalidad.

Por supuesto, como he reconocido, en este diagnóstico hay una buena dosis de pensamiento indulgente (¿cómo se traduce “wishful thinking” sin ceñirnos a una versión literal pero insuficiente de ese término?). Me parece que hay elementos para confiar en las autoridades electorales pero además quiero tener confianza en ellas y en la centralidad y la capacidad que las elecciones para permitirnos resolver diferencias y tomar decisiones. Se trata, como he dicho, de una apuesta voluntarista aunque afianzada en los hechos.

Imagen de portada: Instituto Nacional Electoral